El protocolo anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en la previa de una movilización de este miércoles 20 de diciembre, que se anticipa masiva por parte de las organizaciones piqueteras, llamó la atención del diario británico The Guardian, que reflejó el escenario de tensión que se produjo utilizando la expresión del diputado José Luis Espert, “cárcel o bala”, para sintetizar el tono de la discusión.
“Activistas de derechos humanos en Argentina han expresado su consternación por las nuevas directrices de seguridad para reprimir una ola anticipada de protestas, después de que el gobierno entrante del presidente libertario Javier Milei devaluó la monea del país en más del 50%”, inicia su cobertura sobre el tema el corresponsal Uki Goñi, desde la Ciudad de Buenos Aires, para el reconocido medio internacional.
Allí recoge los anuncios de Bullrich. “Las personas y organizaciones que protestan serán identificadas con medios de video, digitales o manuales y luego se les facturará el costo de enviar fuerzas de seguridad para vigilar sus manifestaciones”, destacan. La titular de la cartera de Seguridad había anunciado, en efecto, los detalles del nuevo protocolo en una conferencia de prensa el jueves 14 de diciembre.
“El objetivo de las nuevas normas – consigna el diario – es impedir una forma tradicional de protesta conocida como piquete, en la que los manifestantes bloquean carreteras y autopistas de la ciudad para horas, días y, a veces, incluso semanas seguidas”.
Luego, citan a Bullrich: “Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto. Es hora de acabar con este método, con la extorsión que sufren los ciudadanos”. Hacen foco además, en la sugerencia de la ministra de “protestar en la vereda”
Por otro lado, el artículo hace mención a la respuesta que generó en los movimientos sociales y dirigentes de izquierda la postura asumida por el gobierno nacional y advierten el nivel de confrontación que emerge en las horas previas a la movilización. Según el Polo Obrero, habrá 50 mil personas en la calle.
“Los grupos de derechos humanos y los legisladores de la oposición expresaron su preocupación por las reglas que, según dijeron, esencialmente criminalizarían las protestas legítimas”, indican y mencionan la publicación que realizó el CELS tras la conferencia de Bullrich.
“Bajo la promesa de orden [el gobierno] busca reprimir la protesta pública contra los efectos de las medidas oficiales”, dijo el Centro de Estudios Jurídicos (CELS) en un comunicado. “Las medidas atacan el derecho a la protesta y criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a las organizaciones sociales y políticas”.
La legisladora de izquierda y excandidata presidencial Myriam Bregman – prosiguen – dijo en X (antes Twitter): “Lo que anunció Bullrich Es absolutamente inconstitucional. El derecho a protestar es el primero de todos los derechos”.
José Luis Espert, legislador de la alianza Juntos por el Cambio de Bullrich, que está en coalición con el partido Avanza Libertad de Milei, respondió con una frase de tres palabras: “Cárcel o bala”.
“El nuevo protocolo faculta a la policía de las estaciones de tren y autobús a confiscar mascarillas, palos u otros elementos que consideren que podrían utilizarse en una manifestación. También limita la participación de adolescentes en protestas sociales, disponiendo que se sancionará a los padres de jóvenes que deberían haber estado en la escuela en lugar de protestar”, destaca la crónica.
Además, la nota incluye un episodio que tuvo lugar en el canal de noticias TN. “El presentador de televisión Mario Massaccesi recordó que la propia Bullrich bloqueó calles del centro de Buenos Aires cuando protestaba contra los confinamientos por el Covid. ´¿Qué autoridad tiene ahora para decirles a otros que no pueden protestar?´”, consigna The Guardian.
Finalmente, conjetura sobre las posibles derivaciones de la protesta. “Se esperan protestas en respuesta a los recortes salariales masivos y los aumentos de tarifas y transporte anunciados como parte del programa económico “motosierra” de Milei. La inflación, que había alcanzado un máximo de alrededor del 160% durante los últimos días del anterior gobierno del peronista Alberto Fernández, se ha disparado hasta convertirse en hiperinflación en la primera semana de la administración libertaria de Milei.