ENFOQUE NORTE – San Isidro – En un giro inesperado, el municipio de San Isidro decidió suspender temporalmente el funcionamiento de las fotomultas debido a sospechas de corrupción. Según la oposición, el sistema de radares y cámaras de semáforo, instalado en todo el distrito con el objetivo de reducir la siniestralidad vial, se estaba utilizando para generar ingresos millonarios, favoreciendo a empresas privadas y, posiblemente, a funcionarios políticos.
San Isidro es uno de los municipios con más radares y fotomultas en toda la provincia de Buenos Aires. Actualmente, cuenta con 268 dispositivos, de los cuales 229 son cámaras de semáforo que supervisan el paso de los vehículos. Sin embargo, las autoridades locales decidieron suspender el sistema de manera transitoria, hasta poder garantizar que su implementación se ajuste a la normativa vigente y cumpla con su objetivo original: la seguridad vial.
La polémica estalló luego de que un informe del municipio publicado en diciembre último revelara detalles sobre el sistema de fotomultas y las altas sumas de dinero que se habrían recaudado en concepto de sanciones. Concejalas y concejales de la oposición señalaron que el sistema no solo estaba orientado a la seguridad vial, sino que también podría haber servido como un mecanismo para beneficiar a empresas privadas vinculadas a los convenios, así como a funcionarios políticos.
“Las fotomultas deberían ser una herramienta para cuidar la seguridad vial. No pueden nunca perseguir un fin recaudatorio. Queremos garantizar que el sistema esté orientado a reducir accidentes y salvar vidas, no a sacarles dinero a los vecinos”, dijeron los concejales de la oposición. “Por eso decidimos frenarlo. Necesitamos que se investigue si hubo convenios oscuros detrás de este sistema, que no tuvo el propósito con el que se presentó en un principio”, agregaron.
Desde la oposición, también se exigen explicaciones al intendente de San Isidro, quien hasta el momento no ha brindado declaraciones al respecto. Mientras tanto, la ciudad espera que el sistema sea revisado y ajustado a las normativas correspondientes.