En Ramallo durante los primeros días de diciembre, la Dra. Sandra Mordini envió una carta documento al Intendente Perié y a Sergio Costoya, presidente del Concejo Deliberante de Ramallo, por considerar que no se respetaron los procesos democráticos que dicta la Constitución. Ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios locales, solicitó una pretensión anulatoria al Juzgado Contencioso Administrativo de San Nicolás, que dejó sin efecto la designación a través de una medida precautelar.
En diálogo con Radio Meta, la licenciada Mordini manifestó que “no se cumplió con el procedimiento que estaba previsto, y con el inciso 22 del artículo 75º de la Constitución Nacional, con el Convenio de Passu, con la Convención Contra la Corrupción, y con artículos fundamentales de la Constitución como el 16º, entre otros”.
Las cartas documentos fueron enviadas a Gustavo Perié, que designó a la Dra. Sol Aroza, y al presidente del Concejo Deliberante, que aprobó por mayoría la decisión del Ejecutivo.
Mordini contó que ante la falta de respuestas “en el mes de diciembre, atento a la inminente decisión del Sr. Intendente, inicié una pretensión anulatoria en el Juzgado Contencioso Administrativo de San Nicolás, que deja sin efecto tanto la propuesta del Ejecutivo, como la resolución aprobada. Se inicio el 28 de diciembre del 2022 y obtuve una medida precautelar que suspende provisoriamente la ejecutabilidad de la autorización que dio el Concejo Deliberante”.
Y agregó: “El juzgado de faltas esta en danzas desde el año 1986 y hasta ahora no se logró implementar, pasaron varios años, y también la normativa aplicable fue cambiando y adaptándose a la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional, ósea que también el Concejo Deliberante debe adaptarse a las normativas vigentes, por eso se inició esta demanda para que se respete la constitución”.
Para evitar que este tipo de cuestiones que van en contra de la democracia aclaró que “es importante la participación de la ciudadanía en todos los asuntos que hacen a la vida pública, y por eso los abogados en primer lugar, que estamos todo el tiempo tratando que se cumpla la constitución, somos los primeros que nos manifestamos en contra de esta conducta que obviamente resultó ilegitima, sino la magistrada no nos hubiera dado la medida precautelar”.