El jury de enjuiciamiento al que está siendo sometido el suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada también por policías y abogados que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes para luego venderla, continuará mañana con los alegatos de las partes.
Fuentes judiciales precisaron que «ya terminaron de declarar en tres audiencias que se desarrollaron de 9 a 19 todos los testigos propuestos por las partes» y adelantaron que mañana se llevarán a cabo los alegatos y, dentro de los cinco días posteriores, se dictará el veredicto y la sentencia en la que se determinará la absolución del fiscal o su remoción del cargo.
Scapolán fue suspendido de su cargo el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por la Procuración de la Corte Bonaerense, y se dispuso el embargo del 40 por ciento de su sueldo.
En la primera audiencia del jury -que comenzó el 28 de marzo en el edificio Anexo del Senado bonaerense, en las calles 7 y 49 de la capital bonaerense-, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ratificó lo investigado por su juzgado contra Scapolán.
«Los elementos que yo tuve en cuenta (para procesar a Scapolán) fueron los dichos de los arrepentidos, de los letrados que en los distintos casos intervinieron, los movimientos de los celulares de los policías involucrados y dónde activaban celdas, como así también el análisis de la activación de celdas de los celulares usados por el fiscal Scapolán y sus secretarios también imputados en el expediente, las filmaciones, los videos obtenidos», precisó.
La magistrada federal aludió a «los dichos de imputados que fueron víctimas de distintas conductas extorsivas o de armados de causas», elementos que la «convencieron de que había elementos suficientes para procesar al fiscal Claudio Scapolán y a sus secretarios en base a los delitos por el cual se dictó el auto de procesamiento».
El jurado está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata Ana María Bourimborde (ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso).
Además, lo integran los conjueces legisladores Senador Juan Pablo Allan (Juntos), Diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), Diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), Senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y Diputada María Eugenia Brizzi (Juntos) y los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.
La primera denuncia contra el fiscal fue realizada en 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza Arroyo Salgado, quien tenía a su cargo la investigación en la que fue procesado Scapolán.
Al momento de ser procesado, el 1 de octubre del año 2021, la magistrada también trabó sobre los bienes del fiscal un embargo por dos mil millones de pesos.
En esa resolución, la jueza procesó a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Arroyo Salgado sostuvo que la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías de la bonaerense y abogados actuaba «con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo».
Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.
Por esos delitos, un total de 32 personas -policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados de la matrícula que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos- fueron procesados y serán llevados a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín, pero Scapolán quedó afuera del proceso penal porque aún debe ser sometido a jury.