El Tribunal Supremo de Brasil ordenó este lunes al Ejército del país desmantelar todos los “campamentos bolsonaristas” que existen en el territorio nacional en un plazo de 24 horas después de que este domingo cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran las sedes del Congreso y el Supremo, además del palacio presidencial.
El magistrado Alexandre de Moraes recalcó así la importancia de que estos campamentos -situados en territorio ajeno al Ejército- sean completamente desmantelados a medida que la Policía arresta a “todos aquellos manifestantes que aún queden en las calles” tras una jornada que se ha saldado hasta el momento con al menos 300 detenidos.
En una nueva orden judicial, Moraes expresó que “nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución”.
Moraes ha alertado, además, de que los comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa serán llevados ante la Justicia en caso de que estos campamentos sigan existiendo.
Además, señaló que las principales autovías de país, parcialmente ocupadas por la turba de seguidores, deben ser desbloqueadas a lo largo del día, según informaciones de la cadena de televisión G1.
El asalto a las citadas instituciones brasileñas se ha producido tras meses de acampada por parte de seguidores de Bolsonaro en la capital, Basilia, después de que el expresidente perdiera las elecciones presidenciales de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Moraes también apartó de su cargo por 90 días al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.
Rocha también había destituido de forma fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante.
Ante el caos generado, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno central durante ese periodo.
El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.
El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.
Esos grupos radicales no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre, que Lula ganó a Bolsonaro, y han venido exigiendo una “intervención” militar que devuelva al poder al capitán retirado del Ejército, actualmente en Estados Unidos sin previsión de vuelta.
Hasta el momento, hay 300 detenidos por los actos antidemocráticos del domingo, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.