Javier Milei planea una reforma extrema del Estado que parece retomar el ideario liberal de la Generación del 80. En su plan de Gobierno contempla la eliminación de once ministerios para volver al número histórico de ocho carteras, además del cierre o la privatización de todas las empresas estatales y la reducción casi a cero de los cargos políticos.
El plan del libertario fue presentado pocos días antes de ganar las primarias y ahora adquiere otro tenor. Si llega a la presidencia, sólo conservará Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores e Infraestructura. El único ministerio que crearía es el de Capital Humano, que absorbería Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Educación.
Si bien aún no tiene el gabinete confirmado, Milei tiene «referentes» en las áreas principales que pueden dar indicios sobre quiénes serán sus ministros. Martín Krause el referente de Educación, Ricardo Inti Alpert de Vivienda, Alejandro Cosentino el Referente de Innovación y Eduardo Filgueira Lima como referente sanitario. Carlos Rodríguez es el jefe de asesores económicos, aunque el libertario reconoció este martes que Diana Mondino podría ser ministra de Economía o de Relaciones Exteriores.
El punto de su propuesta que causa más revuelo y genera inquietud hasta en Wall Street es la eliminación del Banco Central «para terminar con la Inflación para siempre».
«Los políticos argentinos han demostrado que si tienen la posibilidad de emitir pesos para financiar sus gastos exorbitantes lo harán», dice el programa de gobierno de Milei. «No hay otra alternativa para terminar con la inflación para siempre que no sea la eliminación del Banco Central como agente de emisión monetaria», agrega.
El programa explica que para eliminar el Central, hay que rescatar los pasivos que se encuentran hoy en el balance del banco. «Desarrollamos planes alternativos para rescatar esos pasivos y que luego de la eliminación del banco, los argentinos puedan comerciar en la moneda que prefieran», dice el plan de Milei, que viene anunciando que si llega a la presidencia va a dolarizar la economía, un plan que se basa en la propuesta del economista Emilio Ocampo, que prevé mandar la deuda del Central a un trust en Estados Unidos.
Milei dice que el programa de ajuste del FMI es insuficiente, por eso planea una reducción mucho más drástica del gasto público que la planteada por el FMI, que para este año se conforma con un déficit de 1,9% del PBI.
«Aspiramos a reducir gastos por 15% del PBI», dice el programa. Además estipula la eliminación del 90% de los impuestos actuales «que solo tienen un impacto de alrededor de 2% del PBI en términos de recaudación pero entorpecen el funcionamiento de la Economía».
El libertario además planea privatizar o cerrar todas las empresas públicas y menciona especialmente a Télam, TV Pública, INCAA, INADI y «todos los demás organismos que se utilizan como refugio de ñoquis de la política».
Milei, como reveló en su momento LPO, plantea una reforma integral del país que podría llevar tres décadas y que está diseñada en secuencias. La primera es la más urgente: monetaria y fiscal para terminar con la inflación. Un punto importante de este plan es que mientras avanzan las reformas, se mantienen todos los planes sociales.
Luego vendría la reforma laboral en base al modelo del convenio de la Uocra, donde los trabajadores aportan a un especie de fondo de desempleo para cuando estén sin trabajo. Y por último las reformas de Educación y Salud que dejarían de tener una parte pública.
En el rubro de Educación toma el modelo trumpista de las escuelas vouchers. «Un modelo de libre elección y competencia mediante el uso del sistema de vouchers, para que los argentinos tengan educación sin costo pero puedan elegir en qué institución se desarrollarán sus hijos», señala la propuesta.
En el capítulo destinado a la Justicia es igual de radical. Propone darle la autarquía económica total al Poder Judicial -hoy tienen que negociar las partidas con el Ministerio de Economía- y cubrir las vacantes en la Corte Suprema y la Procuración con jueces y fiscales de carrera. También modificar el Consejo de la Magistratura para reducir al mínimo la incidencia de la política.