El verano pasado, la construcción de dos balnearios en San Nicolás atrajo la atención de turistas de toda la región, incluidos muchos rosarinos que viajaron tentados por un puente flotante que les permitía cruzar a la isla sin bajarse del auto. El intendente local, Manuel Passaglia, publicitó las obras como “playas recuperadas” en pro de una ciudad “de cara al río”. Pero nada dijo de su contracara: que arrasó con 70 hectáreas de bosque nativo en áreas protegidas y construyó más de 6 kilómetros de terraplenes y canalizaciones en una zona de humedales que debía ser conservada a perpetuidad.
Si bien el daño ambiental fue denunciado apenas se inició el desmonte, en 2020, los organismos de control se tomaron su tiempo. Esta semana, la provincia de Buenos Aires, a través de la Autoridad del Agua (ADA), dictaminó que el Municipio nicoleño deberá “restituir el terreno a su estado natural”. Las obras ya habían sido clausuradas en mayo pasado por la Corte Suprema de Justicia bonaerense que las consideró “ilegales”, tras analizar las denuncias que la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea) presenta periódicamente desde hace tres años.
Clandestino
Según la Autoridad del Agua (ADA), las obras ejecutadas por el intendente Passaglia en la Isla Ballesteros ubicada dentro de la reserva natural Parque Rafael de Aguiar –un área protegida que abarca 1.500 hectáreas de humedales y bosques nativos– son ilegales y dañan el ambiente por lo que deberá restituir el terreno a su estado natural.
El dictamen hace mención a esa zona de la reserva, donde el verano pasado el intendente construyó dos balnearios “públicos” y para ello desmontó más de 70 hectáreas de bosque nativo protegidos por ley como “Categoría Rojo”, es decir bosque del mayor valor ambiental por su estado originario.
La Autoridad del Agua declaró ilegales los más de 6 kilómetros de terraplenes y canalizaciones que el Municipio construyó sobre las lagunas El Saco y la Quebrada, obras realizadas sin su “autorización” que el organismo provincial tildó de clandestinas.
También determinó que todo el territorio de la isla intervenido con ese terraplén de 6000 metros y los movimientos de suelo cambiaron la configuración topográfica de la zona perjudicando la funcionalidad del ecosistema.
Obra ilegal y falta de control
El dictamen de ADA se dio en el marco del conflicto ambiental que vecinos de San Nicolás mantienen con el Municipio por el desmonte masivo del bosque nativo y el relleno de humedales en la reserva natural Parque Rafael de Aguiar, ubicada a la vera del Arroyo Yaguarón, en el extremo norte de Buenos Aires.
Desde la ONG Foro Medio Ambiental San Nicolás (Fomea), que nuclea el reclamo de los vecinos, celebraron la resolución de la Autoridad del Agua aunque advirtieron que desde que empezaron las obras ilegales hasta la intervención del organismo pasaron años.
“La falta de actuación permitió que el daño ambiental se extienda”, dijo Fabián Maggi, uno de los abogados de Fomea, que también cuestionó la inacción del Ministerio de Ambiente bonaerense, que tiene la tutela de los bosques nativos, y del Ministerio Público Fiscal, que hace un año y medio tiene “paralizada” la denuncia penal.
Al respecto recordó que la propia Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires ordenó que la Fiscalía avance en la investigación penal contra el intendente Passaglia por sus reiteradas desobediencias a la hora de acatar fallos judiciales pero que la Fiscalía también incumplió ese pedido.
En ese sentido mencionó que la fiscal Verónica Marcantonio, quien debe investigar la destrucción del hábitat natural de la reserva ecológica, tiene la causa “paralizada” desde febrero de 2022, inacción que permitió que el Municipio continúe avanzando con la ejecución de obras ilegales durante más de un año.
Las críticas por falta de intervención también recayeron sobre el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Fomea recordó que fueron alertados “apenas se tumbó el primer árbol por la denuncia de vecinos pero nunca concurrieron al lugar a fiscalizar y ejercer su poder de policía, siendo que tienen la tutela del bosque nativo”.
Según dijo Maggi, se presentaron casi un año después, demora que facilitó el avance del desmonte. Además mencionó que una vez que constataron el daño que se estaba causando de manera ilegal “clausuraron las obras sin colocar fajas de clausura ni ningún otro medio eficaz” para evitar que el desmonte continuara. “Y de hecho continuó”, reclamó el abogado de Fomea tras dejar en claro que la defensa del ambiente se realiza sin posicionamientos partidarios.
“Por eso denunciamos por incumpliendo de los deberes de funcionario público tanto el intendente Manuel Passaglia como el gobierno provincial de Axel Kiciloff. Los ciudadanos y los profesionales que trabajamos en política ambiental denunciamos a quienes incumplen las leyes, cualquiera sea su color partidario”, afirmó.