Venció este viernes el plazo que dispuso la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso sancionara una ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, y ahora todo es tensión e incertidumbre. No se sabe qué sucederá a partir del lunes.
El fallo dictado en diciembre pasado y que contemplaba 120 días para disponer de una nueva ley llegó a su fin. La vista ahora está puesta en la decisión que tomará, en adelante, el máximo tribunal.
Según esa disposición, durante estos cuatro meses el Congreso debía aprobar una nueva conformación o el propio Consejo debía volver a la integración de 2006, cuando eran 20 los miembros y el titular de la Corte era su presidente.
La actual composición de 13 integrantes fue declarada inconstitucional. El Frente de Todos propuso un Consejo de 17 miembros, algo que avanzó en el Senado, pero quedó trabajo en la Cámara de Diputados.
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Para volver a los 20 consejeros, los abogados, académicos y jueces ya eligieron a sus representantes para enviar al órgano, pero la tensión está puesta en los dos miembros que debe designar el Congreso, uno por cada Cámara.
El PRO eligió al senador cordobés Luis Juez y el radicalismo propuso a la diputada santacruceña Roxana Reyes. Sin embargo, un fallo de la Justicia Federal de Entre Ríos le prohibió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al jefe de Diputados, Sergio Massa, enviar oficialmente a sus representantes.
Para Juntos por el Cambio, esa decisión de un juzgado de primera instancia no tiene validez ante una declaración de inconstitucional dictada por la Corte Suprema. De hecho, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que había iniciado la causa contra la conformación del Consejo en 2006, le reclamó al alto tribunal que deje sin efecto el fallo del magistrado Daniel Alonso, quien hizo lugar a una cautelar del diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto.
Así las cosas, todo radica en lo que pueda decidir la Corte a partir del lunes, ya que podría avanzar con la vuelta de los 20 miembros, mientras el Gobierno busca forzar una extensión de la fecha límite para poder lograr una ley.
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La norma que propuso el oficialismo excluye al presidente de la Corte de encabezar el Consejo de la Magistratura y allí reside el principal punto del cortocircuito.
Este lunes, con el plazo para una ley ya vencido, el máximo tribunal del país deberá adoptar una línea de acción y, antes que nada, resolver qué hará con el fallo de Entre Ríos, mientras el Frente de Todos resiste en el Congreso.
Si no hay avances, la consecuencia directa es la paralización del Consejo de la Magistratura -órgano que designa, remueve y sanciona jueces en todo el país-, ya que la Corte Suprema aclaró en diciembre que si luego del 15 de abril no había cambios, todos los actos del cuerpo iban a ser considerados inválidos.