Los ataques incendiarios en el sur de Chile, zona del conflicto mapuche, continuaron este martes a pesar de la militarización en la región que impuso el Estado para tratar de controlar la escalada de violencia, como la quema de máquinas forestales, camiones y edificaciones.
El último atentado se registró en la madrugada, según Radio Bio Bio, en el cual alrededor de diez desconocidos intimidaron a un guardia de seguridad de la compañía forestal Antumapu, en el sector Horcones de la comuna de Arauco (560 kilómetros al sur de Santiago), para quemar máquinas, camiones e incluso un vehículo particular de la empresa.
Los desconocidos dejaron panfletos en el lugar sobre la liberación de los presos mapuches de las localidades de Angol y Lebu y sobre el fallecido comunero Jordan Llempi.
De acuerdo con información de medios nacionales, este no fue el único ataque en la zona, ya que en paralelo hubo atentados en el sector de San José de Colico, en la comuna de Curanilahue y en el sector Salto Rayén, que conecta Contulmo y Purén.
La semana pasada, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), un grupo radical mapuche que opera al sur del país, reconoció la sustracción de madera de las industrias con el fin de hacerle frente a lo que considera «las mafias» y que a su juicio «no es robo, sino recuperación».
«Afirmamos categóricamente que esto no puede concebirse como robo de madera, ya que es recuperación y reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral», dijo Llaitul a Werkén Noticias.
«La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros (armas) y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante», señaló el líder mapuche.
Para la ministra del Interior, Izkia Siches, las declaraciones de Llaitul solo refrendan la querella que el Gobierno interpuso en contra del líder de la CAM el pasado 27 de julio y señaló que no se trata de nueva información.
«Nosotros hicimos las acciones y esperamos que el Ministerio Público pueda investigar y hacer lo que corresponde para esto, pero creo que esta no es una información nueva para nadie, y creo que todos estábamos consientes que el robo de madera era una de las fuentes de financiamiento de las bandas organizadas que operan en la zona», explicó la funcionario ante la Cámara de Diputados.
De hecho, durante la intervención de la ministra se discutía la viabilidad de un proyecto de ley para tipificar el delito de robo de madera y establecer técnicas de investigación del mismo, pero la propuesta fue descartada por la Cámara Baja.
El conflicto en la zona sur del país se mantiene desde hace décadas y tiene origen en una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras que son consideradas ancestrales por los pueblos originarios.
A pesar de que, durante su candidatura, el presidente Gabriel Boric aseguró que no recurriría a la militarización para solucionar el conflicto, el 17 de mayo optó por aplicar la medida y desde entonces solicitó continuamente el permiso del Congreso para poder extenderla en la Región de La Araucanía y el Biobío.
Ahora el Gobierno volverá a analizar el próximo jueves la zona de conflicto en la macrozona sur, luego de que la semana pasada informara que no extenderá el estado de excepción hacia la Región de Los Ríos pese a que los parlamentarios de la zona pidieron la medida.