El proyecto de ley que busca crear un impuesto nuevo para devolverle el crédito al Fondo Monetario pedirá la colaboración del propio organismo multilateral para conseguir información sobre activos argentinos en el exterior u operaciones sospechosas de lavado de dinero. Según estimaciones del FMI, hay en el exterior unos USD 370.000 millones pertenecientes a ciudadanos argentinos. La propia vicepresidenta Cristina Kirchner mencionó la cuestión en un encuentro que tuvo este lunes con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley.
El oficialismo presentó este lunes un proyecto de ley para crear un impuesto que recaude dólares no declarados en el exterior para repagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa fue apoyada por el Gobierno a través de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. Pocas semanas antes, funcionarios del Gobierno hablaban de que el Ejecutivo no estudiaba nuevos tributos sino “mejorar los ya existentes”.
El bloque de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto para crear un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”, que será financiado con un nuevo “aporte especial de emergencia” a pagar por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco.
El proyecto dispone que el impuesto alcanzará a quienes hayan cambiado su residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”. Los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, un 20% de esos activos si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.
La iniciativa cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, lo demostró a través de una publicación de Twitter: “El Gobierno Nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del Frente De Todos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados”. Consultados por Infobae, desde el Ministerio de Economía eligieron no hacer comentarios sobre la iniciativa.
Un artículo del proyecto de ley prevé la colaboración del FMI para conseguir información. El artículo 26 reza: “Encomiéndese al Ministerio de Economía de la Nación a solicitar la colaboración del FMI, en el marco de sus facultades estipuladas en el Estatuto y su reglamento, a: asistir a la República Argentina en las políticas nacionales e internacionales contra la evasión fiscal, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos”.
“Cooperar con la República Argentina proporcionando información que ellos suministren por las evaluaciones o análisis que desarrollen; trabajar conjuntamente con la República Argentina para intercambiar información fiscal y bancaria, tanto a nivel nacional como internacional; profundizar su colaboración con la OCDE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, en relación al caso de la República Argentina; Involucrarse en la detección de operaciones ilegales que desvíen fondos a guaridas fiscales, evadiendo las cargas tributarias y violando los lineamientos fijados por la OCDE en el Proyecto OCDE/G20 de lucha contra la erosión de Base Imponible y traslado de beneficios (BEPS)”.
Cristina Kirchner mencionó este lunes que tuvo una reunión con el embajador norteamericano en Buenos Aires, Marc Stanley, en la que le mencionó el proyecto. “Recibí en el Senado a Marc R. Stanley, embajador de los Estados Unidos. Conversamos sobre distintos temas de interés común: lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos”, dijo la vicepresidenta.
“Le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión”, concluyó.
La cuestión de la creación de nuevos impuestos o aumentos de alícuotas atravesó la discusión del nuevo programa financiero con el Fondo Monetario. Fue una pregunta recurrente entre los diputados y senadores de la oposición al ministro de Economía Martín Guzmán en las ocasiones en que el funcionario acudió a comisiones para defender el acuerdo. Incluso la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, había asegurado que el Poder Ejecutivo no pensaba en nuevos impuestos.
“Parte de la letra chica del acuerdo con el FMI es converger a un mayor equilibrio fiscal, que no va a ser resignando el crecimiento, sino mejorando la recaudación y administración tributaria. Vamos a profundizar el trabajo en materia de fiscalización y control en los sectores de mayor capacidad contributiva. No se está pensando en crear nuevos impuestos sino en mejorar los ya existentes”, había dicho el 15 de febrero en declaraciones radiales Marcó del Pont.
Durante el debate legislativo, en su paso por comisiones, Guzmán descartó la suba de retenciones y dijo que el programa acordado con el Fondo no incluía expresamente algún compromiso en términos de creación de nuevos impuestos, aunque con cierta sutileza había dejado la puerta abierta para que el Gobierno tenga la libertad de hacerlo.
“Sobre la cuestión de impuestos y retenciones no hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el FMI. El programa establece un conjunto de compromisos de políticas económicas generales. Pero después es responsabilidad del gobierno nacional el diseño y la ejecución de un número de aspectos grandes que implican la capacidad de cumplir con los compromisos que se toman”, mencionó el ministro.