Sin alcanzar un acuerdo con la oposición, el Frente de Todos avanzó hoy con un dictamen que modifica la Ley de Alquileres pero no altera los dos puntos más cuestionados por la oposición: los contratos de tres años y la actualización anual en base a un promedio de inflación y salarios. No obstante, el oficialismo todavía no tiene lo votos para aprobar su proyecto en el recinto y no hay fecha tentativa para su tratamiento.
En la última jornada de debate pactada para la comisión de Legislación General, el oficialismo juntó las firmas para emitir un dictamen de mayoría. La oposición avanzó por su cuenta con un dictamen de minoría y Graciela Camaño sacó uno propio.
Entre otros puntos, el proyecto del Frente de Todos mantiene la duración de tres años para los contratos de alquiler para uso habitacional y estipula que sólo pueden aplicarse “ajustes anuales” utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
A su vez, plantea que los inmuebles destinados a alquiler no estarán alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales y modifica el régimen para beneficiar monotributistas que tienen propiedades en alquiler (no entrarán en el régimen general por alquilar más de tres propiedades). También introduce a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor como órgano de arbitraje ante conflictos entre las partes.
“Con la ley actual los inquilinos han adquirido derechos, no podemos ir para atrás”, explicó el diputado oficialista José Luis Gioja, uno de los principales defensores de la norma vigente. Y agregó: “Hay que defender a los que menos tienen, los inquilinos. La ley actual ha sido injustamente cuestionada”.
En esa línea, Federico Fagioli fue más allá y dijo que la ley de alquileres vigente “es la mejor de Latinoamérica”. “Esta ley vino a tensionar el status quo que monopolizó el mercado inmobiliario y por eso hizo que los defensores del mercado se pongan nerviosos e instalen que es una mala ley”, dijo el diputado cercano al dirigente social Juan Grabios.
“El FdT quiere mejorar esta ley pero en beneficio de los inquilinos”, concluyó. Cuando se convoque a una sesión, el proyecto del oficialismo se tratará primero. Si no consigue el mínimo de 129 votos, se tratará el de la oposición.
Por su parte, Juntos por el Cambio sacó un dictamen de minoría donde planteaba que los contratos de alquiler vuelvan a ser de dos años, con la opción de una renovación de un año extra.
“Si al vencimiento del plazo del contrato de locación inmueble con destino habitacional, el locatario continúa en posesión del inmueble sin oposición del locador, se entiende extendido el contrato por un (1) año”, dice el texto.
A su vez, propone que la actualización de los precios de los alquileres sean “por intervalos no menores a seis meses”, en base a un mecanismo que se acordará entre las partes al momento de firmar, “pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales o lo que las partes acuerden”.
“Cuando el Estado pretende que todos usen el mismo zapato, los que tienen un pie más largo se quedan afuera. Cuando ponemos un plazo de tres años sacan del mercado a los que quieren plazos más cortos”, ejemplificó Martín Tetaz, de Evolución Radical.
En el mismo sentido, la diputada Karina Banfi cuestionó las críticas del oficialismo al mercado inmobiliario. “El mercado es un propietario que puede ser un jubilado que compró un departamento. ¿Ese jubilado es el mercado que queremos combatir?”, se preguntó.
“Con esta inflación, ninguna ley de alquileres puede funcionar por sí misma. Se necesita poner en valor el salario, estabilidad monetaria y que haya crédito hipotecario. Hoy logramos un dictamen de JxC para controlar daños. Solo es una parte de la crisis habitacional que tenemos”, dijo a Infobae la legisladora de la UCR.
Graciela Camaño, del Interbloque Federal, sustuvo en su dictamen una postura intermedia: volver a los contratos de dos años, no forzar a los propietarios a aceptar garantías prestadas, actualización libre acordada entre las partes pero con topes (inflación).
La Ley de Alquileres comenzó a debatirse hace dos meses tras una convocatoria de Juntos por el Cambio para una sesión especial que buscaba derogar la normativa vigente, ya que aseguraban que había tenido un efecto negativo sobre los precios inmobiliarios.
La oposición no tenía los votos suficientes para avanzar por su cuenta. Sin embargo, alcanzó para forzar al oficialismo a tomar una posición: se comprometieron a conformar en lo inmediato la comisión correspondiente para debatir la cuestión.
Durante el último mes, expusieron ante la comisión los representantes de los inquilinos, corredores inmobiliarios, ONG y especialistas en la materia, entre otros. En principio parecía que había cierto acuerdo en que era necesario dar marcha atrás con la extensión de los contratos de 2 a 3 años y con la actualización anual de los alquileres en base a un promedio de la inflación y los salarios. No obstante, al término de todas las exposiciones quedó claro que no había una posición unificada en cuanto a la mejor solución.
El dictamen del oficialismo confirmó que no había consenso con la oposición. Sin embargo, el Frente de Todos todavía no podrá enviar el proyecto al recinto dado que no tiene los votos necesarios para aprobarlo. Hasta el momento no hay una fecha estimada para el tratamiento en el recinto. La posición de los bloques menores será clave para terminar de inclinar la balanza en favor de alguna de las grandes coaliciones.