En la Cámara de Diputados se viven momentos de tensión. El acuerdo que había alcanzado la oposición hace una semana para unificar un proyecto de reforma de Ley de Alquileres amenaza con caerse, en medio de pases de factura entre los distintos bloques. La iniciativa recién se trataría en agosto después de las vacaciones de invierno.
El miércoles pasado, el plenario de comisiones de Legislación General y Presupuesto emitió dos dictámenes para reformar la Ley de Alquileres. Uno de mayoría impulsado por el Frente de Todos, que propone mantener intacto el núcleo de la actual norma, y otro impulsado por los bloques opositores, que plantea modificaciones claras. El oficialismo no tiene los votos para aprobar su iniciativa en el recinto.
El dictamen opositor, en cambio, contó con el respaldo de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y Provincias Unidas (integrado por dos diputados misioneros del Frente de la Concordia, y dos rionegrinos de Juntos Somos Río Negro).
El proyecto establece un plazo mínimo de contrato de dos años, en lugar de los tres años de la ley actual, y actualización entre los tres y 12 meses, a definirse entre las dos partes, contra el plazo mínimo de un año que prevé la norma que rige hoy.
En otras palabras, hasta la semana pasada había acuerdo en la oposición para ir al recinto cuanto antes y, de acuerdo a los bloques que apoyaron el dictamen en comisión, estaban asegurados los 129 votos necesarios para aprobarla en una sesión. La situación se complicó en la última semana.
Qué hay detrás de la demora en el tratamiento de la ley de alquileres
Originalmente, la intención de los distintos espacios de la oposición era convocar a una sesión especial para este jueves 30. Esa opción se cayó rápidamente. En primer lugar, por lo ajustado de los números: la oposición unida puede alcanzar y superar por dos o tres diputados los 129 necesarios para el quórum y para la aprobación de la norma. Sin embargo, cualquier ausencia pone en peligro la sesión y el proyecto.
En los bloques opositores indicaron que algunos diputados se encontraban fuera de Buenos Aires esta semana, con lo cual se decidió no arriesgarse a bajar al recinto sin los números garantizados. “Son viajes de trabajo parlamentario, pero son viajes al fin”, se lamentaban en Juntos por el Cambio.
El mismo panorama de ausencias se repetiría la semana que viene. Luego, llegarían las vacaciones de invierno. Y en la Cámara Baja ya advertían que, haya o no una convocatoria formal a un “receso”, durante las semanas de julio no suele haber actividad en el Congreso.
En segundo lugar, apenas un día después de firmado el dictamen en las comisiones de la Cámara Baja, comenzaron a surgir diferencias. El diputado de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, se manifestó en contra de la reducción del plazo de actualización del alquiler a tres meses y sostuvo que deberían ser semestral, como se había dialogado entre los bloques opositores antes del dictamen.
“Lo de los tres meses es condición sine qua non para el PRO. Entonces, no vas a llamar a una sesión donde no sabés qué puede pasar en la votación en particular con los bloques provinciales”, sostienen en el bloque de la UCR. En el radicalismo también advierten que si no había cierta flexibilidad, la ley probablemente no pasará luego en el Senado, y sucederá lo mismo que con la Boleta Única.
“Acá hubo mano del Gobierno nacional y de los gobernadores. El oficialismo ‘convenció’ a los rionegrinos y a los misioneros”, denunció, en cambio, un diputado del PRO en diálogo con TN.
El oficialismo, que rechaza terminantemente la iniciativa opositora, pretende además, con Sergio Massa a la cabeza, que se convoque a una sesión amplia que incluya otros temas de interés para el Gobierno, y no solo el proyecto de Alquileres.
En el propio bloque radical surgió una versión aún más polémica: fuentes parlamentarias aseguraron que los gobernadores radicales le habrían pedido a sus diputados demorar el tratamiento mientras el Gobierno nacional negocia con las provincias un posible traspaso del control de los planes sociales. Sin embargo, esta versión fue negada por legisladores de la UCR y no fue confirmada -pese a las sospechas- por legisladores del PRO y la Coalición Cívica que integran Juntos por el Cambio.