La ONU informó este miércoles que China pudo haber cometido crímenes contra la humanidad por las políticas de detenciones arbitrarias masivas y los graves abusos que aplicaría a los uigures y otras minorías étnicas musulmanas, hechos que el organismo habría documentado en una extensa investigación.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, difundió en el último día de su gestión el esperado informe sobre las supuestas violaciones del gobierno de China sobre la minoría uigur en la región de Xinjiang, una semana después de que reconociera presiones de Beijing para evitar la publicación de dicho documento.
En sus 48 páginas, el informe subraya las «creíbles» pruebas de violaciones de derechos humanos que China habría llevado a cabo en la región del noroeste del país contra la minoría de confesión musulmana.
La ONU advirtió así de la posible comisión de «crímenes contra la humanidad».
«El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad», afirma el informe en sus conclusiones, según la agencia de noticias AFP.
El documento -elaborado durante tres años- señala que se habrían cometido «graves violaciones de los derechos humanos» en el contexto de la aplicación de estrategias antiterroristas y contra el «extremismo» aprobadas por el gobierno chino en 2014.
«La aplicación de estas estrategias y de las políticas asociadas en la región administrativa especial de Xinjiang ha dado lugar a restricciones severas e indebidas a una amplia gama de derechos humanos», sostiene el documento compartido por Bachelet, según la agencia Europa Press.
«Estas pautas de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y a otras comunidades predominantemente musulmanas», añade.
El organismo internacional calificó además a esas estrategias «antiterroristas» chinas como algo «profundamente problemático» desde el punto de vista de las normas internacionales, puesto que contendría «conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discreción a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación prevención y coerción».
Asimismo, «en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente», tal marco habría conducido en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de dichas minorías en los VETC (los llamados centros vocacionales de educación y entrenamiento).
En los VETC, centros de detención donde el régimen chino «reeduca» a los uigures, se ejemplificaría «un sistema de detención arbitraria y con patrones de abuso», según recoge el informe.
«El tratamiento de las personas retenidas en el sistema de los llamados VETC es igualmente preocupante; las alegaciones de patrones de tortura o malos tratos, incluyendo el tratamiento médico forzado y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género», esgrime.
El texto denuncia violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación discriminatoria y de la obligación a la fuerza de llevar a cabo políticas de planificación familiar y control de la natalidad.
También se habrían llevado a cabo restricciones a la identidad y la expresión religiosas, así como al derecho a la intimidad y a la libre circulación.
«Asimismo, hay evidencias de que los planes de trabajo y empleo con supuestos fines de mitigación de la pobreza de la pobreza y la prevención del «extremismo», incluidos los relacionados con el sistema de EFP, pueden implicar elementos de coacción y discriminación por motivos religiosos y étnicos», agrega el informe.
Bachelet afirmó que su diálogo con Beijing sobre los supuestos abusos en la región china no significó «hacer la vista gorda».
«Dialogar y ampliar mi comprensión no significa aprobar, pasar por alto o hacer la vista gorda, y no excluye hablar con franqueza», afirmó la expresidenta chilena en un mensaje de correo electrónico.
El texto llegó días después de que Bachelet denunciara presiones por la inminente publicación del documento, llegando a recibir una carta firmada por 40 países y cuyo nombre no quiso develar la alta comisionada.
«He estado bajo una tremenda presión, pero no retendré la publicación debido a ello», había explicado Bachelet.
Bachelet visitó Xinjiang y otras regiones chinas en mayo.
Durante la visita, se abstuvo de criticar las políticas de Pekín en la región, lo que generó críticas por parte muchos países por su ambigüedad frente a las violaciones de Derechos Humanos en la región.
El relator de la ONU Tomoya Obokata consideró este mes «razonables» las denuncias de las organizaciones internacionales sobre el trabajo forzado y la represión contra las minorías étnicas en el gigante asiático.