Si la idea fuerza de la gestión municipal de Pablo Petrecca es “Junín, lugar de oportunidades”, más vale que no sean las de sortear las inspecciones municipales, que parecen ser más débiles que un flan al menos cuando se trata de algún establecimiento trucho, pero se tornan férreas si falta el pago de la patente de la moto del trabajador.
De ese modo y por la muerte de una persona es que pudo determinarse que un geriátrico trucho que venía funcionando en Malvinas Argentinas 220 de nuestra ciudad, regenteado por Silvia Castaño, ya había sido intimado al desalojo el 21 de julio de 2021 luego que una inspección en la que encontraran una multiplicidad de infracciones que dejaban prácticamente en estado de abandono a los residentes del lugar. Entre otras carencias, no había buena calefacción ni baños y faltaban alimentos, además, claro está, de no contar con habilitación.
El sábado por la noche y al conocerse el fallecimiento de una persona alojada en el lugar, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Región Sanitaria III, brindó una cronología de lo actuado y adjuntó la resolución del 1 de diciembre de 2021, donde le aplicó una multa a Castaño de más de 300.000 pesos por las irregularidades halladas y el cierre inmediato que, a pesar de otras inspecciones municipales, pareciera que nunca ocurrió, ya que precisamente este fin de semana la fiscalía halló a los antiguos residentes “escondidos” en un galpón, tras producirse el allanamiento.
HISTORIAL
El establecimiento de Malvinas Argentinas 220 de Junín fue clausurado en julio de 2021, sin embargo mediante inspección de fecha 26 de enero de 2022 se constató que continuaba funcionando en infracción a la normativa vigente y se remitió, con fecha 6 de febrero, carta documento a la propietaria intimándola al desalojo en un plazo de 5 días. También se solicitó al municipio que se les notifique lo informado a los familiares y/o responsables de los albergados y se los inste a su retiro en el plazo mencionado.
Luego de un seguimiento del municipio, el 20 de abril constataron que “no había residentes en el establecimiento” y el 19 de mayo una inspección provincial acompañada de inspector municipal colocó una faja de clausura al observar que “el lugar estaba cerrado”.
El fin de semana pasado, a raíz de un fallecimiento, el municipio por solicitud judicial acompañó en un allanamiento donde constataron que los antiguos residentes estaban en el lugar, encerrados en un galpón, demostrando que las tareas del personal municipal fueron al menos, ineficientes, ya que pudieron ser “burlados” en diferentes oportunidades.
El domingo, hasta el mismo secretario General de gobierno, Luis Chami, se hizo el desentendido de la responsabilidad comunal y agradeció en un comunicado la intervención de la justicia y personal médico para evacuar a “10 abuelos” del lugar oportunidad en que se detuvo al matrimonio que seguía dirigiendo el centro clandestino que, a pesar de las “inspecciones” mantenía en estado de calamidad a los adultos mayores.