El viernes, a las 10:30, reclamando en contra del “ajuste en discapacidad”, prestadores, transportistas, instituciones y familias de personas con discapacidad se convocarán en las puertas del Municipio.
El reclamo principal gira en torno a la situación actual de los prestadores ya que en agosto las obras sociales no abonaron lo que debían, lo que “genera mucha incertidumbre, malestar y angustia”, de acuerdo con lo explicado por referentes del rubro. Este problema tiene su causal en que la Superintendencia de Salud, que es el organismo encargado de administrar el Fondo Solidario de Redistribución y de controlar a las obras sociales, “no realizó el pago de los reintegros a las obras sociales por ende, éstas no nos abonan lo que nos deben”, explicó una prestadora y dijo que el último pago recibido fue a fines de julio lo que correspondió a los honorarios de mayo.
“Tenemos gastos mensuales que afrontar, algunos no se pueden dejar de pagar como el monotributo o los Ingresos Brutos, el seguro de malas praxis, por eso necesitamos cobrar nuestro sueldo”, expresó la fuente consultada. A esto se suma la desesperada situación en la que se encuentran quienes tienen espacios destinados a las terapias, quienes deben costear el pago del alquiler y de los servicios.
Sobre la situación de Ioma, que es de carácter provincial y la que poseen la mayoría de las personas con discapacidad, la situación se torna un poco más compleja ya que son diferentes los tiempos y los valores que se abona a los prestadores. “Ioma tarda entre 2 y 3 meses para autorizar un tratamiento. Recién cuando se aprueba, el profesional puede facturar, y desde ese momento debe esperar por lo general cuatro meses más para cobrar”, explicaron algunos prestadores de salud.
Muchos afectados
Pero la situación se torna complicada no solo para los prestadores sino también para un numeroso grupo de personas que trabajan o son familiares de personas con discapacidad, por lo que se visibilizará la problemática en las puertas del Palacio Municipal. Es importante recordar que un grupo de autoconvocados se movilizaron días pasados al Municipio y fueron atendidos por algunos concejales.
“En la actualidad nos está afectando un Decreto de Necesidad y Urgencia que emitió el Gobierno y en el que se verifica un recorte importante en Discapacidad. Además por los retrasos en los pagos a los prestadores y profesionales de la salud encargados de los tratamientos de personas con discapacidad, muchos de ellos están dejando de prestar ese servicio. Por otra parte, las obras sociales pagan poco a los transportes de personas con discapacidad por lo que se registra un problema también en ese sector”, contó la progenitora de una persona con discapacidad, y sostuvo que “este recorte atenta contra los derechos de nuestros hijos”. Esto fue lo que motivó la movilización que no solo se realiza en Pergamino sino que tiene alcance nacional.