El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, que tiene imputada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se reanudó este martes por la mañana ante el Tribunal Oral Federal 2, con el segundo día del alegato de la fiscalía. Esta vez, la vicepresidenta fue autorizada a no presenciar la audiencia: ni siquiera se conectó al Zoom.
Según trascendió, CFK no está presente (tampoco lo hará el viernes) por estar dedicada a “tareas parlamentarias”.
La jornada abrió pasadas las 8.30 con la continuidad de la exposición de la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Diego Mola, en el debate que se realizada de manera remota, con las partes conectadas a través de Zoom.
La fiscalía quedó como única parte acusadora en el juicio que lleva más de dos años y el lunes anticipó que considera que hay prueba para formular acusaciones a los 13 imputados por los supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación. El alegato se extenderá por al menos nueve audiencias y luego será el turno de las defensas.
En el juicio se debate si hubo delito en el otorgamiento de obra pública vial nacional en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, como supuesto direccionamiento a su favor, sobreprecios e incumplimientos.
Además de la vicepresidenta son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y exfuncionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros.
Qué se investiga en la causa Vialidad, en la que es juzgada Cristina Kirchner.
La investigación de la causa Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, se inició a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel.
La presentación de Iguacel fue por la acusación de graves irregularidades en contratos de obra pública en Santa Cruz, como sobreprecios.
En la causa por corrupción en la obra pública la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.
El juez federal Julián Ercolini advirtió al elevar la causa a juicio oral que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K por $46 mil millones.
Según la acusación hubo una “maniobra de corrupción” entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal”.
De acuerdo a las acusaciones hubo “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.