Luego de pasar 74 días alojados en la DDI de San Nicolás, este martes Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, los dirigentes del gremio de Camioneros detenidos por los bloqueos a una empresa de San Pedro, fueron trasladados a la Unidad Penal 3 de ese partido bonaerense.
La Cámara de Apelaciones de Dolores, integrada por los jueces Eduardo Alfredo Alomar, Guillermo Martínez y Alberto Antonio Moreno, había ratificado hace dos semanas (el martes 7 de junio) la prisión preventiva dispuesta por un juez de primera instancia y revocado la prisión domiciliaria, aunque ese beneficio no se había hecho efectivo porque había una apelación pendiente. “Hacer lugar a los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado intervinientes y en consecuencia anular dejando sin efecto la parte pertinente de la resolución en crisis: concesión de medidas de atenuación de la coerción como arresto domiciliario a los prevenidos (punto 3)”, resolvió ese tribunal.
En su voto, el juez Alomar entendió que hay “necesidad de adoptar la más grave de las medidas de coerción (el encarcelamiento preventivo en una locación penitenciaria) por existir peligro de frustración de los fines del proceso”. Y señaló que los hechos “permiten presumir la concertada intervención de miembros encumbrados de una organización sindical” que al amparo de razones gremiales “torcieron su rumbo mediante reiteradas acciones ilícitas en perjuicio de la actividad comercial de una empresa privada”.
“El traslado a una cárcel común debería ser inminente porque se anuló la morigeración. Si no es en San Nicolás será en Campana o en Junín. No pudieron acreditar motivos para una domiciliaria, el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación es real”, había apuntado en ese momento la abogada Florencia Arietto, en representación de la familia Rey.
En febrero de 2021, Cabaleyro y Espíndola protagonizaron el bloqueo a una empresa familiar de la ciudad bonaerense de San Pedro, que funciona desde 1989 y tiene 35 empleados. El dueño de esa empresa, Ricardo Rey, de 70 años, se hizo conocido cuando se viralizó un video que se filmó en medio del hostigamiento sindical y luego de una nueva inspección a su pyme realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.
A fines de marzo, la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de los responsables de los bloqueos, aunque la misma se concretó una semana más tarde luego de que la Cámara de Apelaciones desestimara el pedido de eximición de prisión efectuado por los acusados.
Por esta causa, la Justicia allanó hace un mes y medio la sede central del sindicato de Camioneros. Ocurre que la delegación nicoleña del Ministerio de Trabajo acreditó la existencia de la supuesta deuda del empresario Rey, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió esa documentación a la seccional de San Nicolás. La respuesta fue que habían enviado la información a la sede central del gremio, lo que derivó en el allanamiento.
La causa siguió avanzando. El 17 de mayo, el juez Román Parodi dictó la prisión preventiva contra los dos gremialistas por los delitos de turbación de la posesión -dos hechos-, coacción en grado de tentativa -dos hechos-, extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa en concurso real. Pero en esa misma resolución, les había concedido la domiciliaria.
Parodi estaba subrogando el juzgado de María Eugenia Maztegui, la magistrada que debió pedir licencia por estrés. Dirigentes de la oposición denunciaron que Maiztegui había sido presionada por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien en su condición de presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia amenazó con denunciarla por mal desempeño.