Para renovar el pedido de justicia, integrantes del espacio “Justicia por los Siete” desarrollaron un acto en la puerta de la ex Comisaría Primera de calle Dorrego. Allí, junto a familiares, recordaron a los fallecidos: Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Fernando Latorre, Franco Pizarro, John Mario Chillito Claros y Juan José Cabrera.
En el documento, desde Justicia por los Siete se expresó: “Sabemos, creemos y estamos convencidos que cuando la Policía mata, mata dos veces. La violencia institucional es una política de Estado que no distingue partidos políticos ni formas de gobierno. Dejar morir es también matar”.
Cuatro causas
Además desde el colectivo “Justicia por los Siete”, se hizo un breve repaso por las cuatro causas. “Producto de la lucha de los familiares y amigos, y de vecinos y organizaciones que se sumaron en este camino en búsqueda de justicia, se llevó a cabo un juicio oral y público que en diciembre del 2019 sentenció penalmente responsable de las muertes de los jóvenes a los seis efectivos de la Policía bonaerense que se encontraban ese día en la dependencia de calle Dorrego, adjudicándose penas entre seis y 15 años. En la actualidad cuatro de los condenados cuentan con el beneficio de la prisión domiciliaria”, argumentan y añaden: “Los ex policías fueron condenados por abandono de persona seguido de muerte. Si el medio utilizado para abandonar es idóneo para causar la muerte, entonces no es abandono sino homicidio. Esto se manifestó mediante un recurso de casación, que a más de un año pero aún no fue respondido por la Fiscalía”.
Por otro lado se aclara que “la condena a los seis ex policías no exime las responsabilidades funcionales (políticas) que el Fiscal Nelson Mastorchio archivó en una causa que transitó a la par del juicio. Estas responsabilidades se argumentan en las condiciones de detención: deficientes y propicias para lo trágicamente sucedido. Riesgos existentes en el lugar, carencia de colchones necesarios, de ventilación necesaria y de un protocolo de evacuación y plan de contingencia para caso de incendio. La revisión de este archivo fue solicitada en septiembre del año pasado a la Fiscalía General y aún no hay respuestas”.
Otro pedido denegado
En el escrito se da cuenta que “en el día de la lectura de las sentencias, el recién condenado Brian Carrizo arrojó una silla hacia el sector de los familiares de las víctimas, pegándole en la cabeza a un custodio policial. Después de varios intentos de avances en la causa, se archivó y se pidió la revisión, otra vez el mismo proceso, a la Fiscalía General, a cargo del doctor Mario Daniel Gómez, quien llamó a indagatoria. Al tercer llamado, Carrizo se presentó, declaró y reconoció haber arrojado la silla en lo que denominó ‘un impulso’ por la situación de ser juzgado. El procesamiento de Carrizo por la causa de la silla, no le alcanzó al Tribunal Oral Criminal Nº1 local para revocar ese arresto domiciliario, denegando una vez más nuestro pedido”.
Funcionarios policiales
Sobre la última causa, desde la organización se manifestó que tiene que ver con el delito de falso testimonio en el juicio oral y público. “Se solicitó la extracción de ocho testimonios para que se investiguen las conductas de determinados funcionarios policiales que habían presentado declaración en el debate y que, al menos, falsearon la información. Dos de éstos tuvieron una apertura de causa: los también trabajadores de la fuerza, Eduardo Hamué y Renzo Giracci. 16 meses después de sus testimonios en el juicio, recién a principios de febrero de este año los citaron a declaración indagatoria, se presentaron y ninguno declaró. Giracci mintió en su declaración buscando responsabilizar a los bomberos y ubicándose estratégicamente en escena, siendo que los registros fílmicos contradicen ambas cuestiones. Y Hamué, por su parte, en el debate se dijo y desdijo en varias oportunidades. Cabe mencionar que este último fue apartado de la fuerza policial por injuriar y amenazar a través de sus redes sociales”.