La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la brecha entre extrema riqueza y extrema pobreza y vulnerabilidad en Latinoamérica se amplió como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 «Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe», lanzado de forma virtual por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analizó la situación de la región que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Según el documento, «a pesar de los avances de las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe son más desiguales que los de otras regiones con niveles similares de desarrollo, y sus indicadores sociales aún se encuentran por debajo de los esperados para su nivel de ingreso promedio».
Como punto de partida, el informe señaló que pese a «las reducciones de la desigualdad» y la disminución de la brecha salarial entre el trabajo calificado y no calificado «la región sigue siendo la segunda región más desigual del mundo, y los países de América Latina y Caribe tienen niveles de desigualdad más altos que los de otras regiones con niveles de desarrollo económico similares».
Además, desde el año pasado «la pandemia ha anulado gran parte de ese progreso» y esto ocurrió «a pesar de las medidas de asistencia social en algunos países».
«Es probable que la proporción de personas que viven en la pobreza en América Latina y Caribe haya aumentado durante este tiempo», remarcó el estudio.
En este contexto, el documento exploró tres factores que se repiten y retroalimentan el círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien.
También se destacó que «la región es la más violenta del planeta», y advierte que «si bien la desigualdad causa mayor violencia, la violencia también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables».
El informe se detuvo en la fragilidad de los sistemas de protección social de la región, evidenciada en su limitada capacidad de respuesta durante la pandemia.
Finalmente, el reporte planteó que «las soluciones deben llevar a un mayor crecimiento con sostenibilidad ambiental, y a una mayor inclusión y movilidad social. Se trata de soluciones que requieren balancear el poder en el área de la definición de reglas y políticas, erradicar la violencia en todas sus formas y redefinir del ambiente institucional que constituye la esencia del contrato social: las oportunidades en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social».