La Cámara de Senadores de la Nación avaló hoy los pliegos de 22 jueces, fiscales y defensores oficiales enviados por el Poder Ejecutivo, durante una sesión en la que el oficialismo cuestionó duramente el desempeño del Poder Judicial y la oposición expuso sus argumentos en contra de esas críticas.
Todos los diplomas fueron avalados por unanimidad, con la excepción del que postuló al abogado Roberto Boico para ocupar una vocalía en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala II, el que obtuvo igualmente los votos necesarios para su aprobación.
El pliego de Boico reunió 39 votos que le dio el bloque del Frente de Todos, sus aliados de Juntos Somos Río Negro y del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, y la neuquina Lucila Crexell, del Movimiento Popular, que suele ser aliada habitual de Juntos por el Cambio, y 13 abstenciones.
La presidenta de la comisión de Acuerdos, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, opinó que el Poder Judicial «debe rendir cuentas» como lo hacen los miembros del resto de los poderes del Estado, y afirmó que desde el Congreso se debe trabajar «en reglas de juego democráticas» para mejorar el funcionamiento de la Justicia.
«Hay una connivencia de cierto sector político y ni que hablar económico y mediático que cree que algún sector del Poder Judicial vino de otra galaxia y que no tienen que rendir cuentas al pueblo argentino de cuál es su comportamiento», sostuvo.
Para Fernández Sagasti, los miembros del Poder Judicial deben rendir cuentas de la misma manera que lo hacen los funcionarios y los integrantes del Parlamento.
«Que yo sepa ningún artículo de la Constitución consagra una visión elitista del Poder Judicial, todo lo contrario son servidores públicos igual que nosotros», remarcó.
En cambio, la opositora Laura Rodríguez Machado, de la provincia de Córdoba, cuestionó las acusaciones que el Frente de Todos lanzó sobre la actuación de la justicia federal al argumentar que «se quejan de la justicia» que generó el oficialismo.
«No entiendo cuál es la queja contra la justicia que ustedes generaron. Es la que ustedes crearon y nombraron, avalando los pliegos que presentamos nosotros cuando fuimos gobierno. Así como cuando, antes de 2015, ustedes eran gobierno», afirmó Rodríguez Machado.
Respecto a los pliegos que luego votarían, Rodríguez Machado ya había anticipado que el interbloque al que pertenece no iba a apoyar el de Boico, aunque validó sus conocimientos profesionales.
«Nada hay que decir de los conocimientos de Boico. Pero este Senado debe decidir sobre la imparcialidad de los jueces. Y es ahí donde debemos evitar que se deslicen los jueces amigos de ustedes, el Frente de Todos», sentenció respecto al exabogado defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del senador oficialista por Neuquén, Osar Parrilli.
Previamente, oficialismo y oposición habían cruzado acusaciones por los incidentes que se produjeron en la última semana en la provincia de Formosa entre la policía local y manifestantes que se oponían a la decisión del gobierno de Gildo Insfrán de volver las actividades sociales a Fase 1, a raíz del incremento de casos de coronavirus.
La discusión comenzó cuando el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el formoseño Luis Naidenoff, pidió una preferencia para debatir en el recinto un proyecto para «repudiar la represión en Formosa» cuyo capítulo más cruento se produjo el pasado viernes cinco de marzo.
Por el contrario, su par del bloque del Frente de Todos, y coterráneo, José Mayans, afirmó que las fuerzas policiales actuaron ante una situación desbordada en la que los manifestantes pretendieron «quemar la casa de gobierno».
Naidenoff habló de la existencia de un «cercenamiento» de la «libertad de tránsito en Formosa» y cuestionó la política de los centros de aislamiento a los que llamó «centros clandestinos con alimentaciones pésimas y tratos inhumanos y crueles».
Por el contrario, Mayans reconoció que «en Formosa tenemos una estrategia sanitaria que es bastante estricta pero no es cierto que no haya libre tránsito» y sostuvo que la provincia «está rodeada de 7.500 fallecidos por Covid», en referencia a las víctimas mortales registradas en Paraguay, Corrientes y Chaco.
Asimismo, apuntó que la situación de incidentes en Formosa «fueron una cortina de humo» para que no se hablara del discurso del presidente Alberto Fernández durante la apertura del Período de Sesiones Ordinarias en el que apuntó contra la Justicia.
Al inicio de la sesión, los legisladores aprobaron la prórroga por 60 días de las sesiones mixtas que rigen desde que avanzó en el país la pandemia de coronavirus.
El decreto parlamentario aprobado esta tarde por 61 votos afirmativos contra uno negativo extiende la modalidad dispuesta en la Cámara mediante la cual un grupo de legisladores participa de manera presencial en el recinto y el resto, de forma remota. (Télam)