Unas mil grandes empresas deberán compartir cada mes información sobre ventas, precios promedio y existencias con la Secretaría de Comercio Interior, según la resolución 237/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre) será un arma de monitoreo permanente con la que el Gobierno buscará vigilar los precios de bienes terminados e intermedios y detectar temprano cualquier posible desabastecimiento. Las empresas, como era de esperar, ya hicieron saber su preocupación.
El nuevo sistema de control entrará en vigencia el 1 de abril. En los primeros diez días de cada mes, las grandes firmas deberán cargar sus datos en un sistema informático en el que el Ministerio de Desarrollo Productivo trabajó durante un año. En una primera etapa, la obligación recaerá sobre unas 500 grandes compañías de las industrias de alimentos y bebidas, higiene, limpieza, construcción, químicos y agroquímicos. El mes próximo deberán informar los datos correspondientes al primer trimestre del año y luego efectuar la carga mensual. La Secretaría de Comercio definirá con especificidad los rubros alcanzados con una disposición complementaria que se publicará en los próximos días.
Las compañías alcanzadas por la resolución deberán aportar la información discriminada por producto (según su código EAN), con el precio por unidad, cantidades producidas y vendidas y, en caso de corresponder, denunciar la «escasez, desabastecimiento o falta de entrega de insumos o servicios necesarios» para la producción.
«Esto no es una reacción a los aumentos que detectamos en estos meses, sino algo que veníamos trabajando y que anunciamos cuando tuvimos listo», indicaron fuentes de la cartera que dirige Matías Kulfas. El ministro había advertido hace dos semanas que el Gobierno detectó «subas injustificadas» de hasta 50% en dólares en los precios de algunos insumos para las industrias alimenticias y de la construcción.
El monitoreo alcanzará «únicamente a las grandes empresas», indicó Desarrollo Productivo en un comunicado. La medida aplicará a las firmas de la construcción que facturen más de 965 millones de pesos anuales, a los comercios con más de $2.602 millones anuales de facturación y a las industrias que superen los $2.540 millones de facturación.
La Secretaría de Paula Español apunta a «detectar problemas de abastecimientos y subas desmedidas de precios» y reaccionar rápido, por ejemplo, con la aplicación de la ley de abastecimiento. El Gobierno quiere poder detectar con rapidez cualquier faltante de productos, eventuales disparadas de precios o caídas de stocks por faltas de insumos.
«El objetivo del Sipre es dotar al Estado Nacional de una herramienta de monitoreo del comercio interior para disponer de un sistema de alertas tempranas ante los faltantes de mercadería que puedan producirse y actuar de manera coordinada para evitar escasez de ofertas de productos e insumos. También permitirá optimizar la planificación de políticas públicas dirigidas al mercado interno con el fin de generar incentivos específicos y focalizados para los sectores económicos. Busca fortalecer el mercado interno y proteger el derecho de las y los consumidores», dice la comunicación oficial.
El Sipre, dicen en Desarrollo Productivo, permitirá detectar desequilibrios de precios entre los eslabones de una cadena de valor. Además, será una herramienta para alcanzar compromisos sectoriales de precios y abastecimiento que no se limiten a los fabricantes de bienes finales.
«Preocupan estas cosas», fue la primera reacción de una gran firma de consumo masivo consultada por Letra P. Si bien estas compañías ya tenían un intercambio constante de información sobre costos y precios por el decreto de Precios Máximos, ahora habrá «algo general para todas las empresas (grandes) y de cumplimiento mensual». Las empresas analizaban por estas horas la letra chica de la resolución.
Los sistemas de información se expandieron en los últimos años, incluso antes del desembarco de Alberto Fernández en la presidencia. En Desarrollo Productivo vinculan el Sipre con el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios (Sepa), que los supermercadistas actualizan a diario y es el insumo de Precios Claros, el portal en el que se transparentan los precios de los productos en las grandes cadenas. A diferencia del Sepa, la información del Sipre será confidencial y no se compartirá ni con el público ni con los competidores, indicaron las fuentes oficiales.
Vigilancia online
Entre los considerandos de la resolución que crea el Sipre, el Gobierno mencionó al DNU 167/2021, que prorrogó la vigencia de la emergencia sanitaria hasta fin de año. Como contó Letra P este lunes, el DNU cambió la letra para vigilar el abastecimiento y los precios de los «insumos críticos». Si el decreto original especificaba que los Ministerios de Salud y Desarrollo Productivo podían fijar precios máximos y garantizar el abastecimiento de «insumos críticos» como «alcohol en gel, los barbijos y otros», la redacción actual no especifica cuáles son esos insumos. En grandes empresas de consumo lo tomaron como la puerta de entrada a una etapa de controles más amplios. Kulfas le dijo a este portal que ponerles Precios Máximos a los insumos críticos «es una posibilidad».
A comienzos de marzo, Kulfas convocó a fabricantes de insumos de la cadena alimenticia, desde la producción primaria hasta la industrial, y les advirtió que habían detectado aumentos injustificados de hasta 50% en dólares. Para este año, Desarrollo Productivo busca que los insumos aumenten 25%, en línea con la pauta de suba del dólar del Presupuesto y cuatro puntos menos que la inflación objetivo. Eso, sostiene Kulfas, permitiría recomponer una parte de la rentabilidad de las firmas de consumo alcanzadas por Precios Máximos. Este programa, que vence a fin de mes, difícilmente se desactivará de un momento a otro. La intención es ir deslistando productos de forma paulatina y, a la vez, acordar senderos de aumentos moderados para los ítems que salen del congelamiento.
(Por Esteban Rafele para Letra P)