En medio del escándalo por el «vacunatorio VIP» en el Ministerio de Salud, el kirchnerismo busca cambiar el eje de la polémica y ahora apunta contra el plan de vacunación de Horacio Rodríguez Larreta, que fue denunciado ante la Justicia por «privatizar» la entrega de dosis.
El jefe de Gobierno porteño y su ministro de Salud, Fernán Quirós, son objeto de dos denuncias penales en las que se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, cohecho y propagación de enfermedad agravada por la condición de funcionario público.
La primera denuncia la presentó la abogada Natalia Salvo, conocida por su rol como denunciante del falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli por la presunta extorsion al empresario Pedro Etchebest.
Salvo sostiene en la presentación que el GCBA «habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población». Es decir que el gobierno porteño estaría «privatizando» la vacunación y beneficiando a los afiliados a prepagas y sanatorios privados.
En los últimos días en las redes sociales circularon decenas de mensajes que las prepagas y sanatorios privados envían a sus afiliados informando que la primera etapa de la vacunación será «exclusiva» para los asociados. Las vacunas son adquiridas por el gobierno nacional y se supone entregadas a todos los ciudadanos por igual.
«El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es ‘socio’ de las instituciones privadas», indica Salvo en su denuncia. «Es una estafa a la ciudadanía porteña y al Estado nacional, ya que las vacunas son un recurso adquirido por la Nación», agregó en declaraciones radiales.
«Las prioridades en la vacunación no pueden ser caprichosas, arbitrarias ni infundadas, sino que hay una resolución del Ministerio de Salud de la Nación que establece el criterio y son para los que están más expuestos y no puede haber convenios con prepagas y obras sociales porque así se está privatizando el acceso a la vacuna», aseguró la abogada.
Además de los avisos de las prepagas y sanatorios privados a sus afiliados, el gobierno porteño había quedado en la mira cuando Hugo Moyano reveló que le entregaron dosis para que vacune a todo el personal del Sanatorio Antártida de su sindicato.
Por otro lado, la segunda denuncia contra Larreta y Quirós la presentó el abogado Yamil Castro Bianchi, socio del polémico Matías Morla, apuntado por la muerte de Diego Maradona.
Castro Bianchi apunta contra el GCBA por la presunta entrega de vacunas a locales partidarios donde se aplicarían las dosis, como por ejemplo la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur en Parque Chacabuco. El denunciante sostiene que más allá del nombre ese lugar es un comité del radicalismo porteño conducido por la auditora general de la Ciudad, Raquel Herrero.
(LPO)