Luego de que se denunciaran crecientes presiones de organizaciones kirchneristas para hacerse con el control del INTA, ocho sociedades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires pidieron a las autoridades del organismo técnico que eviten que el mismo se transforme en una herramienta partidaria.
“Apelamos a las autoridades del organismo a intervenir para que el rumbo decidido de la producción como herramienta generadora de divisas y de crecimiento honre a su historia y evite que estos fundamentalistas sigan generando enfrenamientos y retrocesos”, señalaron, por medio de un comunicado, las sociedades rurales de Baradero, San Pedro, Pergamino, Rojas y Exaltación de la Cruz, Campana, Zárate y las asociación de productores de Capitán Sarmiento y de General Rodríguez.
El INTA fue creado en 1956 por medio del Decreto/Ley Nº 21.680 con el propósito de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria”, el cual definió al organismo como un ente descentralizado y autárquico gobernado por un Consejo Directivo integrado por “miembros de la producción”, aunque esa atribución se reglamentó recién en 1986 por medio del decreto 287 que estableció la obligación de integrar cinco consejeros en representación de CREA, Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).
Los restantes cinco integrantes del Consejo Directivo de INTA son el presidente y vicepresidente del organismo designados por el Poder Ejecutivo nacional, un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y dos representantes del ámbito académico (un decano por las facultades de agronomía y el otro por las de veterinaria).
Los quince centros regionales de INTA, que abarcan todas las zonas productivas argentinas, cuentan a su vez con su propio órgano de representación integrado por referentes locales del sector agropecuario, estatal y académico.
El presupuesto del INTA –11.727 millones de pesos para el ejercicio 2021– constituye una “caja” apetecible para las agrupaciones kirchneristas, para lo cual vienen promoviendo que le licúe el poder de decisión de las entidades agropecuarias por medio de la integración de nuevas organizaciones afines a los objetivos partidarios que representan.
El Consejo Directivo de INTA, además de definir las estrategias por implementar en materia de investigación y extensión, gestionan la distribución del presupuesto del organismo y los concursos para cubrir cargos directivos tanto a nivel nacional como regional.
Los quince centro regionales de INTA gobiernan 52 estaciones experimentales y 280 agencias de extensión rural. Se trata, junto al Correo Argentino y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), de uno de los tres entes de carácter nacional que cubren toda la extensión del territorio argentino. INTA además cuenta con otros seis centros de investigación dedicados a las áreas de agroindustria; ciencias políticas, económicas y sociales; ciencias veterinarias y agronómicas; investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar; investigaciones agropecuarias; y recursos naturales.
No es menor, pues, que el kirchnerismo quiera tener poder de decisión en este organismo cuya reputación es ponderada a nivel mundial. Caja y poder para direccionar políticas desde una base ideológica por sobre lo técnico-científico es un plato apetecible para un sector de la dirigencia que ve en el campo y todas las instituciones que lo rodean a un enemigo necesario para confrontar modelos. Lo triste y lamantable es que lo que proponen es inconducente y lo más grave es que habiendo kirchnerismo en el medio aflora la sospecha de que en cualquier momento puede haber un saqueo a las arcas del organismo estatal.