En el retorno a la actividad parlamentaria después de las elecciones, el Frente de Todos convocó a debatir 116 decretos firmados por el presidente Alberto Fernández y Juntos por el Cambio encendió la alarma. El interbloque presidido por Mario Negri sentenció que “se terminó el tiempo del atropello legislativo y de una agenda alejada de la gente”.
Fue la primera reacción de la bancada opositora luego de las elecciones del domingo, que le dieron a la coalición una victoria en 13 de los 24 distritos y la posibilidad de equilibrar fuerzas en la Cámara baja, donde quedó a tan solo dos diputados de diferencia del boque oficialista.
El debate de los decretos, que promete fuertes cruces políticos, será este jueves a las 9.30 en la Bicameral de Trámite Legislativo, que se reunió por última vez en julio para tratar el DNU que destrabó el acuerdo con Pfizer.
En Juntos por el Cambio creen que el Frente de Todos acelera el tratamiento de los DNU antes de perder la mayoría en el Senado porque teme que con la próxima composición parlamentaria se declaren inválidos esos decretos, algo que no suele suceder en la práctica. Actualmente, el oficialismo tiene quórum propio en la bicameral.
“Estos decretos que declararon varias emergencias, prorrogaron la prohibición de despidos, reestructuraron el Presupuesto, autorizaron la emisión de títulos públicos, impusieron prohibiciones a la circulación y al comercio prorrogando sucesivamente el ASPO durante meses, y crearon estructuras en el Estado, fueron sancionados por el Gobierno durante la pandemia para eludir la intervención del Congreso”, alertó el interbloque.
Uno de los DNU polémicos es el 622/21, firmado una semana después de las PASO. Según la oposición, constituyó una maniobra para incorporar al cálculo de recursos corrientes del Presupuesto unos 400 mil millones de pesos de los Derechos Especiales de Giro (DEG) girados por el FMI, eludiendo la normativa del Banco Central, con el fin de financiar el denominado “plan platita”.
También cuestionan las distintas ampliaciones presupuestarias dispuestas de manera discrecional. Por ejemplo, el DNU 489/21, que figura en el temario del jueves, amplió el Presupuesto en casi 710.000 millones de pesos para obras viales, jubilaciones, salarios estatales, compras de energía, ayudas al turismo y asistencia a empresas públicas.
Otro DNU cuestionado es el 138/21, que derogó el decreto del expresidente Mauricio Macri que permitía la expulsión rápida de extranjeros con antecedentes penales. El actual gobierno consideró que la decisión tomada en la gestión anterior violaba la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
En la agenda de la bicameral también se incluyeron los decretos que extendieron el aislamiento y el distanciamiento social por la pandemia. La oposición advierte que esas decisiones deberían haber pasado por el Congreso, que funcionó durante todo el año pasado a través del sistema virtual.
Regreso a la actividad
Mientras en el Senado todavía no hay agenda prevista, en Diputados se realizaron este martes cinco reuniones de comisión convocadas por el Frente de Todos con temarios abultados, que incluyeron proyectos sobre medioambiente, agricultura familiar y propiedad comunitaria indígena, entre otros temas.
Juntos por el Cambio participó en todas las reuniones e incluso acompañó con su firma algunos dictámenes, como el del proyecto de reciclado de los neumáticos fuera de uso. Pero advirtió, a través de un comunicado, que se trata de “una agenda absolutamente alejada de las prioridades de los argentinos”.
“Una agenda de trabajo en el Congreso no puede excluir temas prioritarios y urgentes como la economía, la producción, la educación y la seguridad. Queremos un Congreso que se ocupe de los problemas de los argentinos, ese fue el mensaje y el mandato que recibimos de las urnas y que haremos respetar”, señalaron los diputados Negri, Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).
La ronda de comisiones continuará este miércoles con el tratamiento de iniciativas como la ley de envases, la reforma de la ley de VIH, la regulación de la industria del cannabis medicinal y modificaciones en distintos impuestos.
“No son las formas ni el contenido que la gente eligió mayoritariamente el pasado domingo. Juntos por el Cambio como la fuerza con mayor representatividad política del país exige al oficialismo que escuche el mensaje de las urnas y respete la voluntad popular”, concluyó Juntos por el Cambio en un comunicado.