La operatoria llamó la atención de los sabuesos en Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los indicios eran preocupantes. La empresa facturaba, sí, pero no tenía empleados, ni oficina, ni teléfono. Y cuanto más hurgaban, más inconsistencias detectaban hasta que llegaron a una conclusión: la empresa no era una empresa. Era una «usina» que le proveía facturas truchas a Austral Construcciones, la nave insignia del patagónico Lázaro Báez.
Al avanzar por esa senda, los sabuesos detectaron algo más. La «usina» no operaba sola. Al menos tres grupos empresarios de Bahía Blanca participaban en la operatoria, facilitando que Báez evadiera cientos de millones de pesos, según reveló LA NACION en octubre de 2014 tras diez meses de investigación. Pero lo que siguió reflejó hasta qué punto se movió el poder para proteger al presunto testaferro de los Kirchner.
Las entonces máximas autoridades de la AFIP y la DGI, Ricardo Echegaray y Rubén Angel Toninelli -quien llegó a volar junto a su hijo Federico y a Martín Báez a Río Gallegos en un avión de los Báez-, no solo desplazaron a los investigadores. También liquidaron la Regional Bahía Blanca. La redujeron a Agencia. Y enviaron todo el material a Mar del Plata, en un intento por detener la pesquisa, según reconstruyó LA NACION en base a testimonios y documentos internos de la AFIP y de la DGI. No lo lograron.
La historia comenzó en Bahía Blanca hace ya más de una década, pero sus secuelas impactaron en Báez este jueves, cuando el Tribunal Oral Federal lo condenó a 12 años de prisión por lavar más de US$ 55 millones provenientes, según los tres jueces, de la evasión. Es decir, de la fruición de Báez por las facturas truchas. Dos de los tres magistrados concluyeron también que el dinero sucio pudo provenir de ilícitos en la obra pública. Pero como Al Capone en los años ’30, Báez cayó por sus impuestos.
El patagónico no cayó solo. El tribunal que lo condenó también halló culpables a varios de sus cómplices, Entre ellos, a su hijo Martín Báez, al contador Claudio Bustos, al presidente de Austral Construcciones, Julio Enrique Mendoza, y al abogado Jorge Chueco. Nombres, todos, que se repiten en varias investigaciones judiciales por evasión que protagoniza Báez, de acuerdo a las probanzas judiciales cuyas copias obtuvo LA NACION.
En Buenos Aires, por ejemplo, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, procesó a Báez, a su hijo Martin, a Bustos y a Mendoza por evasión, en marzo de 2018. En Chaco, el juez federal subrogante, Enrique Bosch, procesó a Báez, Bustos, Mendoza y Chueco en septiembre de 2019. Y en Bahía Blanca, Bustos fue un jugador clave en las maniobras para borrar las huellas de su jefe, desde las oficinas de la propia AFIP.
¿Qué surge de esas investigaciones? Que los Báez, Bustos, Mendoza y Chueco, entre otros, apelaron de manera recurrente a usinas de facturas truchas, durante años, para reducir el monto que las empresas del holding debían pagarle al Estado, sacando cientos de millones de pesos del circuito «blanco» con otros fines. ¿Cuáles? Según determinó el Tribunal Oral Federal que los condenó este jueves, su remisión a Suiza.
Contratiempos en Bahía Blanca
En Bahía Blanca, al igual que la pesquisa dentro de la AFIP, la investigación judicial afrontó todo tipo de contratiempos. Recién a fines de 2019, más de cinco años después de radicada iniciada la causa penal, el juez federal Walter López da Silva, el quinto juez al frente de la investigación, procesó a Báez como el supuesto jefe de una asociación ilícita destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado por más de $673 millones.
López da Silva también procesó a Martín Báez y a los tres responsables de tres grupos empresarios de Bahía -los Ficcadenti (con las firmas Grupo Penta, Calvento y Terrafari), los Ferreyra (con su Constructora Patagónica Argentina) y los Pedraza (con Iberoamericana de Servicios), además del contador Rogelio Chanquía y el dueño de la financiera Crediba, Néstor Manuel Piñeiro, entre otros.
No fue fácil. La pesquisa judicial registró el apartamiento del primer juez subrogante, Santiago Martínez, tras ordenar unos allanamientos en 2015, la participación posterior del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y la pasividad de los fiscales Antonio Castaño y su superior, Alejandro Cantaro, quien sería luego procesado por la presunta protección que habría brindado a una banda narco.
Bahía Blanca, sin embargo, no fue una ciudad escogida al azar por Báez y su entorno. La primera gran investigación tributaria en su contra también se había iniciado en esa ciudad, también por facturas truchas, sobre otra de sus empresas: Gotti Hermanos SA.
Aquella pesquisa comenzó cuando los sabuesos de la AFIP detectaron inconsistencias en la facturación de El Corralón, una firma de Tres Arroyos dedicada al comercio de materiales de la construcción, bajo la jurisdicción de la Regional bahiense.
A medida que comenzó a crecer aquella primera investigación de la AFIP, con más empresas involucradas y más facturas truchas, hasta rondar los $400 millones, la pesquisa se remitió a Comodoro Rivadavia, donde Gotti Hermanos tenía su domicilio fiscal. Avanzó, hasta que en 2008 provocó la caída del jefe local de la AFIP, Norman Williams, y de su superior, Jaime Mecicovsky, y la renuncia del entonces director de la DGI, Horacio Castagnola.
Huellas que quedaron
La segunda pesquisa, la que ahora llevó a la condena a Báez, sí quedó en Bahía, donde también provocó cimbronazos. Desde arriba ordenaron desplazar a sabuesos como Silvia Huici y Carlos Blanco, disolvieron la Regional y remitieron la pesquisa a Mar del Plata, mientras Claudio Bustos intentaba ordenar los papeles junto a los nuevos jefes de la AFIP en Bahía Blanca, según reveló LA NACION en 2015. Pero dejaron huellas.
Así salieron a la luz algunas evidencias incluso insólitas, como la aparición durante el allanamiento de una de las usinas de una planilla con la anotación «Facturas Apócrifas» y «Báez», o un mail enviado desde otra de las firmas al estudio contable involucrado donde preguntaban si unos saldos acreedores eran «¿verdaderos o truchos?».
Años después, al procesar en diciembre de 2019 a Báez y los bahienses involucrados en la evasión, el juez López da Silva también le ordenó a la Fiscalía que analice otro eje de la trama: «La posible existencia de delitos de acción pública que podrían haber sido cometidos por funcionarios de la AFIP», en su afán por proteger al presunto testaferro de la familia Kirchner y ocultar qué otros delitos se cometieron en Bahía.
Esa pesquisa sigue abierta, mientras que, transcurrido otro año desde la resolución de López da Silva, la Cámara Federal con asiento en esa ciudad todavía debe evaluar si confirma o revoca los procesamientos de Báez y el resto de los acusados de integrar una asociación ilícita fiscal.
(Por: Hugo Alconada Mon, La Nación)