Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer Argentina, informó ante el Congreso que la compañía le había ofrecido al gobierno argentino un contrato por más de 13 millones de vacunas contra el coronavirus por 3 dólares cada una.
La primera propuesta había sido presentada el 25 de julio de 2020, cuando todavía la fórmula se encontraba en investigación. El ofrecimiento fue ratificado en un segundo encuentro realizado en octubre, precisó el ejecutivo. En ambas ocasiones, Alberto Fernández rechazó la compra.
El paquete incluía 1 millón de dosis en diciembre 2020, otras 2 millones que iban a ser enviadas en el primer trimestre del 2021, 5 millones en el segundo trimestre de 2021 y las restantes 6 millones en la segunda parte del año. Esto le hubiera dado la capacidad al país de vacunar a un extra de 7 millones de personas con dos dosis, y se hubiera convertido en uno de los primeros países en acceder a la vacuna de todo el mundo.
Hasta marzo, Argentina había logrado adquirir 2.470.540 dosis de la rusa Sputnik V, 1.000.000 de dosis de la china Sinopharm, y 580.000 dosis de la inglesa Covishield. Esto significó que para marzo del 2021 Argentina solamente había recibido unas 4 millones de dosis, cuando podría haber tenido por lo menos 3 millones más, provenientes de Pfizer.
Pero más allá de las cantidad ofrecidas, resulta extraño que el gobierno kirchnerista haya rechazado una compra de vacunas de tan alta calidad a tan bajo precio. En comparación, mientras la Pfizer era ofrecida a un precio preferencial de 3 dólares por dosis, debido a que consideraban que Argentina es un país de bajos ingresos y no podría pagar más que eso, la china Sinopharm fue pagada por el gobierno a 20 dólares por dosis, la rusa Sputnik V a 5,75 dólares por dosis, y la inglesa de AstraZeneca a 3,5 dólares por dosis.
También se podría haber ahorrado mucho dinero. Por ejemplo, si el gobierno hubiera optado por la Pfizer en vez de la Sputnik V, por las 3 millones de dosis para marzo, el Estado argentino habría pagado 7 millones de dólares menos. Esta cuenta crece a 4 veces más si se hace la comparación con la Sinopharm.
Más allá de las especulaciones por estos sobreprecios que, en Argentina, y con la experiencia de corrupción en obra pública, debería sonar todas las alarmas y poner foco en por qué se pagó tanto por otras vacunas cuando se tenía la opción de una más barata y de mejor calidad, la mala calidad de las leyes argentinas también jugaron en contra de la negociación.
Según Vaquer, “el marco legal argentino no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales que pide Pfizer que tienen que ver con la indemnidad y otras cuestiones”. El principio de indemnidad vendría a ser la inclusión de un artículo en el contrato que especifique la obligación del resarcimiento económico por fallar en cumplir con lo pactado.
En otras palabras, ni la ley de vacunas vigente en el país ni el Poder Ejecutivo le pudieron garantizar a la empresa norteamericana que el país tendría la capacidad de pagar por estas vacunas.
En este sentido, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, indagó si hace falta un cambio en la ley de vacunas para poder cerrar un contrato para la compra de vacunas. El directivo respondió que sí: “Hoy la ley no es compatible con algunos aspectos contractuales que está pidiendo Pfizer”.